por: Viridiana Villegas Hernández
El Grupo Miguel Zaragoza F., “Grupo Zeta”, publicó una inserción en el periódico Reforma el pasado 3 de julio, y en El Universal el día 6, en la cual informa que su presidente del Consejo y director general, Jesús Alonso Zaragoza López, ganó la demanda por difamación contra las revistas Fortuna y Contralínea; a lo que Ana Lilia Pérez (reportera de esta última) niega, porque dice desconocer a esa empresa.
La inserción establece que el juicio llevado a cabo en el juzgado 44 de lo Civil del Distrito Federal, con el expediente 757/2007, condena a Miguel Badillo (director de Contralínea) a publicar la sentencia en ambas revistas y a retirar toda la información que dañó a “Grupo Zeta” y a sus integrantes en dichas publicaciones, que aparecen en Internet referentes a la concentración que tiene el grupo sobre el almacenamiento y distribución del gas licuado de petróleo en México, Centroamérica y América Latina.
Ana Lilia Pérez declaró a Zócalo que la inserción pagada por dicha empresa no tiene fundamento, pues “no hay ninguna demanda de difamación contra ninguna de las publicaciones como hace alusión el Grupo Miguel Zaragoza, porque la figura de difamación es un asunto ya derogado, nosotros no reconocemos a qué denuncia se refieren ellos, o a qué estén apelando”.
Afirma que existe una demanda presentada en el juzgado mencionado por el supuesto daño moral contra Jesús Zaragoza López en su calidad de persona física, pero que no existe relación alguna entre esa demanda y el grupo Miguel Zaragoza F., como da cuenta el desplegado.
Aclara que la sentencia del juez determina que ella no tenía derecho a publicar la información que recogió del testimonio otorgado por Zaragoza López sobre la empresa Zeta Gas, fallo que argumenta la reportera de Contralínea, quien ha recibido amenazas de muerte, va en detrimento de la libertad de expresión, pues sostiene que Zaragoza López accedió voluntariamente a dar la entrevista, a que se le hicieran fotografías y sabía de antemano que el material se publicaría, pues ella se presentó como reportera desde el principio.
“Aunque la amenaza fue que presentarían 80 demandas contra las revistas, nos reservaremos el derecho de demandar también porque ellos están falseando información en esa inserción pagada”, insiste, dado que el caso todavía se encuentra en los tribunales y aún sigue el proceso de apelación por parte de los abogados del Grupo Zaragoza para que el equipo periodístico publique la sentencia.
A pesar de que ya levantaron denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del DF, y en instancias internacionales sobre el acoso por parte de este grupo, dice que les queda claro que el Estado mexicano no es garante de su derecho a la libertad de expresión, pues el grupo de empresarios han ido escalando la agresión.
Han logrado radicar demandas en tribunales de entidades donde ellos no tienen ninguna relación, como en Guadalajara, donde Jesús Alonso Zaragoza López interpuso una demanda penal contra ella con el argumento de que la firma que estampó en su amparo para evitar el arresto no es suya; o una reciente en Mazatlán contra Miguel Badillo, por una de las fotografías publicadas, “ahora es como si fragmentaran una foto o parte de la información para abrir nuevas demandas”. Hasta hoy suman diez demandas, más la penal en contra de Ana Lilia Pérez.
El equipo periodístico de Fortuna y Contralínea ha recibido muestras de solidaridad del gremio, como la de Miguel Ángel Granados Chapa, quien señala que la vía que han encontrado empresarios y funcionarios públicos de distintos sectores para impedir que los periodistas difundan información que los involucre sobre todo en actos de corrupción es el Poder Judicial.
Ana Lilia Pérez asegura que es una forma de evidenciar el poder económico que tienen para pagar inserciones de circulación nacional.
