En entrevista, Javier Corral realiza un balance de las primeras cuatro sesiones de la Corte, y analiza el contexto del debate y sus repercusiones, antes de que los ministros concluyan su análisis, en la primera semana de junio.
–¿Qué opinión le merece la decisión de la mayoría de los ministros respecto a aprobar la inconstitucionalidad del artículo 16?
–Hay un avance hacia la desarticulación de la ley. Era un objetivo de la empresa (Televisa) y su ley, para asegurarse dominio de larga vida del espectro radioeléctrico, pero se requiere (que se rechace) el artículo 28. Nosotros buscábamos que los concesionarios no estuvieran exentos del proceso de licitación.
–¿Está desarticulado ese objetivo?
–Hoy sí, con la caída del Artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión.
–¿Es una estocada a la Ley Televisa?
–Es una estocada. Pero por supuesto que necesita un descabello, que es el artículo 28.
La ponencia de Aguirre es un documento sólido, valiente, al proponer la inconstitucionalidad del asunto principal, motivo de nuestra impugnación, y razón fundamental para que Televisa llevara al Congreso su proyecto de ley, consistente en el pase automático a los servicios en telecomunicaciones, en el mismo espectro que el Estado les asignó para radio y televisión, sin que medie licitación alguna, ni pago o contraprestación alguna al Estado, y además, con una fórmula absolutamente perversa, como ahora, radio y televisión son también telecomunicaciones, según las nuevas definiciones de la ley, les puedan canjear el título de concesión de radiodifusión por el de telecomunicaciones (Art.28).
–En unos días más, la Corte concluirá su valoración de la acción de inconstitucionalidad. Adelantándonos a los acontecimientos, supongamos que los ministros aceptan la inconstitucionalidad de los principales artículos impugnados por ustedes, el 16 y el 28, ¿qué pasaría?
–Se desarticula y se muere la Ley Televisa. Su propósito original es agandallarse el espectro por la vía del pase automático a telecomunicaciones y dotarse de un blindaje jurídico, mediante un refrendo automático, a perpetuidad, que los hiciera trascendentes a sexenios, partidos y presidentes, con el pretexto de la seguridad jurídica a las concesiones. El refrendo automático ha sido el mecanismo por el cual el duopolio televisivo ha conquistado un poder dominante y una enorme concentración de frecuencias, porque no volverán a presentar licitación, ni se revisa el cumplimiento de la ley, lo que conduce a que el Estado no recupere el espectro, que ocurriría sólo por renuncia o de muerte del concesionario.
La inconstitucionalidad de estos dos artículos vuelve inútil a la Ley Televisa. Si se cae la integración de la Cofetel la ley se vuelve inoperante. No tienen con quién ejecutarla para sus beneficios. Es muy probable la renovación completa de la Cofetel. Por eso están tan enojadas las televisoras, porque se les caerían sus empleados como son Héctor Osuna, Ernesto Gil Elorduy, Eduardo Ruiz Vega y Gerardo Francisco González. Hasta ahorita las dos votaciones le son contrarias a Cofetel, pero una de ellas no ha tenido la mayoría calificada. Me refiero al escalonamiento, renovación y tiempo de duración de los comisionados. Seis ministros declararon inconstitucional la norma, pero sólo tres no. Sin embargo, hay un criterio constitucional, en términos de la distorsión que la ley hizo de lo que debe ser un órgano desconcentrado.
–Que los ministros rechacen la inconstitucionalidad de ambos artículos, es elotroescenario.
–Entonces, la presión aumentará sobre el Congreso, porque está acreditado entre especialistas, legisladores, políticos, intelectuales, que esa ley contiene un régimen especial de protección y de privilegio y que el Estado no puede, en modo alguno, renunciar a la rectoría en la administración del espectro radioeléctrico, ni mucho menos permitir que un poder como el de la televisión se asuma, por sobre las funciones del Estado y del propio Congreso, en la administración de bienes del dominio público y de la nación. Pero es en el Congreso donde está la mayor responsabilidad.
La Corte sólo dará criterios constitucionales e invalidará algunas normas. Quienes deben reformar las leyes son los legisladores. La Corte frenó los efectos de una legislación contraria a la Constitución. Queremos una nueva legislación, moderna, democrática competitiva que respete la pluralidad, garantice la diversidad cultural, y asuma la función social. Queremos un proyecto de mayor oferta comunicacional; un régimen de medios públicos. Reglas claras a la relación medios-partidos políticos y campañas electorales, prohibición del dinero en la contratación de la publicidad electoral; para todo eso necesitamos parar la Ley Televisa.
–¿Cuál es el desafío para los ministros? ¿Qué tienen en sus manos?
–Tienen la decisión más importante de la última época de la Suprema Corte. Es más importante que el anatosismo, porque nada afecta e influye tanto como los medios electrónicos de comunicación en la formación de la gente. Porque la televisión entra hasta la casa, moldea. Los ministros tienen en sus manos una decisión de la que dependerá no sólo el nuevo orden jurídico en términos de división de poderes; contrapesos y función social.
De su decisión dependerá la ampliación o no de la oferta comunicacional del país y el fortalecimiento o no de la democracia. Es innegable que la principal arena de la disputa político-electoral, para acceder al poder, son los medios de comunicación. En manos de los ministros de la Corte está robustecer o envilecer el proceso democrático mexicano.
La responsabilidad de los ministros es histórica, porque constituirá un hito, un antes y un después. Ellos lo han asumido así, saben que lo es. Este es el asunto al que le han dedicado más transparencia, apertura, tiempo, estudio. Saben que vivimos en una sociedad donde los medios constituyen una fuerza determinante para la formación de la opinión pública”.
–Al Ejecutivo Federal ¿qué le corresponde en esta materia?
–Al Ejecutivo le toca ser consecuente con los criterios que la Corte determine y ejercitar de inmediato las resoluciones en su ámbito de competencia. La Corte ha señalado que, en materia de facultades exclusivas de radio y televisión esta supuesta transferencia no es absoluta, puesto que el proceso se inicia y termina con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Calderón tiene en sus manos sacar un verdadero reglamento de esta legislación, que acote esas pretendidas facultades exclusivas que la ley depositó en manos de las dos televisoras. El Ejecutivo Federal tiene influencia, por lo menos en el PAN y un poco en el PRI, y a través de Elba Esther Gordillo, en varios partidos más. Así como hay un profundo interés para echar abajo la reforma legislativa en el Distrito Federal en materia de aborto, porque pide la acción de inconstitucionalidad, ojalá que también, en ese mismo tenor se pudiera promover, impulsar y alentar la reforma de esta legislación.
–¿Qué viene para México?
–La oportunidad para el país y para la clase política de una nueva legislación en materia de medios de comunicación que permita avanzar hacia un escenario moderno, como en otros países. El retraso mexicano en esta materia es proporcional al de la clase política de 2006.
Lo que viene es un esfuerzo organizado para reformar estas leyes y tener un nuevo modelo de comunicación. Dejar de pasar esta oportunidad, eludir el debate de la Corte, desechar los criterios constitucionales, sería suicida para la clase política mexicana. Porque si el Congreso no se inmoviliza, si no hace nada, concedería un mayor poder a la televisión en México, y estaría aceptando ser sustituido por el duopolio.
Si todo este debate y las resoluciones de la Corte no tumban esa legislación, entonces se puede fortalecer el duopolio. La clase política deberá combatirla, y lo tendrá que hacer no por amor a la patria, ni por ética. Lo tendrá que hacer por pragmatismo puro. Porque si no lo hace seguirá a expensas de Azcárraga Jean y Salinas Pliego, y dependerá existencialmente de las televisoras. Quien quiera ser gobernador, diputado, y senador no acudirá al sistema de partidos, sino que pedirá el visto bueno a esos dos barones.
La batalla contra la Ley Televisa, a través de la acción de inconstitucionalidad, ha dispensado logros y beneficios muy importantes para la administración de justicia en México, para el nuevo orden jurídico constitucional. Incluso ha redefinido algunos de los elementos en términos de la legitimación, o del interés legítimo, para promover acciones de inconstitucionalidad y ha sentado precedentes en materia de transparencia, que difícilmente podrán ser revocables o podrán ser ignorados.
Que la Corte haya abierto audiencias para recibir a grupos sociales; que hayan suspendido sesiones; el que los ministros hayan convocado a peritos, expertos; que el debate de la ley se dé de cara a la nación, la decisión de la Corte, de ratificar la legitimación activa de quienes promovimos la acción, aun perdiendo el carácter de senador, rompe con el principio tradicional de la personería jurídica.
–Acerca de la demanda contra usted.
–La famosa demanda es más sencilla que toda la boruca que se ha hecho: Televisa siempre quiso mantener abierto el expediente de la deuda, para lo que se les ofreciera. Yo sostengo que, incluso, hasta para ofrecerme la condonación. Porque nunca, hasta la fecha, la empresa generó factura alguna. Nunca la podrán probar y menos ante el juez que lograron encontrar, a modo, en Chihuahua. Televisa ha cobrado a quien no le debe. Se hizo una pauta, con montos y frecuencias y horario, como sugerencia a nuestro comité de campaña para el último tramo de la campaña. Nadie ha desconocido ni el documento, ni yo mi firma, mucho menos la inscripción que puse al calce, dirigida a nuestro coordinador, de que debíamos reservarnos el derecho de hacer varios cambios a esa pauta, conforme se desarrollara la campaña. Lo admití ante el juez, porque ese no es ningún título de crédito, contrato, convenio o factura. Ellos están conscientes de eso.
Tan es así que en mayo de 2005 Televisa requirió el pago del Partido Acción Nacional en oficio firmado por su gerente en Chihuahua. Incluso, diciéndole al PAN que esa carta surtía efectos de notificación extrajudicial para los efectos legales que correspondiera. El presidente del PAN contestó de inmediato, asumiendo la deuda. Una vez que yo regreso al Senado (después de su candidatura al gobierno de Chihuahua) y que retomo los proyectos de la iniciativa de la Ley Federal de Radio y Televisión, en 2005, Televisa pone la demanda en Chihuahua.
A Televisa no le interesan 993 mil pesos, le interesa desprestigiar mi imagen. Fueron a presionar al juez para que, el mismo día que empezaban las discusiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera su sentencia mañosa. ¿Por qué querían que les pagara ese día? Porque querían utilizar la sentencia para lo que la utilizaron, para pasar en el Canal 2, que su principal impugnador en la Corte es un deudor moroso, encontrado culpable, como dijo López Dóriga. Querían la sentencia del juez para hacer el uso mediático que hicieron. Uso, por cierto, indebido, ilegal de la pantalla, en donde una empresa utiliza su noticiero estelar en el Canal 2 para anunciar que le ha ganado, a un particular, un juicio de carácter civil por 993 mil pesos en Chihuahua. La maniobra es tan burda como clara nuestra argumentación de que el que debe es el PAN, no yo. Estamos preparando la apelación y vamos a ir a acciones legales aledañas, porque hay varias figuras que contempla la legislación de Chihuahua en esta materia. Hay cosas muy graves en ese juicio. Debo decir que hay hasta documentación falsa presentada por la empresa.
–Y, los medios impresos ¿cómo registran el debate por la Ley Televisa?
–En los medios impresos es evidente una red de complicidades y de vínculos con Televisa, porque además son tan burdos que se les ve. Por ejemplo Excélsior y Milenio Diario. En el caso del primero, por los acuerdos que Olegario Vázquez Raña tiene con esa empresa y en función del canal de televisión que le regaló Martha Sahagún (Canal 28), quien le ayudó para que terminara en una venta forzosa a Vázquez Raña.
El litigio donde el Estado tuvo omisiones muy graves para que Raúl Aréchiga recuperara ese canal e inmediatamente se lo vendiera a Olegario Vázquez es largo. Al nuevo Excélsior, el señor Vázquez Raña lo volvió tan antiguo como cuando estaba Regino Díaz Redondo. En Milenio, su director Carlos Marín, está influyendo, por el acuerdo que tiene Pancho González con Televisa, y el propio Marín, con su participación en el programara Tercer Grado, el patiño de Televisa.
–¿Qué opinión le merece la decisión de la mayoría de los ministros respecto a aprobar la inconstitucionalidad del artículo 16?
–Hay un avance hacia la desarticulación de la ley. Era un objetivo de la empresa (Televisa) y su ley, para asegurarse dominio de larga vida del espectro radioeléctrico, pero se requiere (que se rechace) el artículo 28. Nosotros buscábamos que los concesionarios no estuvieran exentos del proceso de licitación.
–¿Está desarticulado ese objetivo?
–Hoy sí, con la caída del Artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión.
–¿Es una estocada a la Ley Televisa?
–Es una estocada. Pero por supuesto que necesita un descabello, que es el artículo 28.
La ponencia de Aguirre es un documento sólido, valiente, al proponer la inconstitucionalidad del asunto principal, motivo de nuestra impugnación, y razón fundamental para que Televisa llevara al Congreso su proyecto de ley, consistente en el pase automático a los servicios en telecomunicaciones, en el mismo espectro que el Estado les asignó para radio y televisión, sin que medie licitación alguna, ni pago o contraprestación alguna al Estado, y además, con una fórmula absolutamente perversa, como ahora, radio y televisión son también telecomunicaciones, según las nuevas definiciones de la ley, les puedan canjear el título de concesión de radiodifusión por el de telecomunicaciones (Art.28).
–En unos días más, la Corte concluirá su valoración de la acción de inconstitucionalidad. Adelantándonos a los acontecimientos, supongamos que los ministros aceptan la inconstitucionalidad de los principales artículos impugnados por ustedes, el 16 y el 28, ¿qué pasaría?
–Se desarticula y se muere la Ley Televisa. Su propósito original es agandallarse el espectro por la vía del pase automático a telecomunicaciones y dotarse de un blindaje jurídico, mediante un refrendo automático, a perpetuidad, que los hiciera trascendentes a sexenios, partidos y presidentes, con el pretexto de la seguridad jurídica a las concesiones. El refrendo automático ha sido el mecanismo por el cual el duopolio televisivo ha conquistado un poder dominante y una enorme concentración de frecuencias, porque no volverán a presentar licitación, ni se revisa el cumplimiento de la ley, lo que conduce a que el Estado no recupere el espectro, que ocurriría sólo por renuncia o de muerte del concesionario.
La inconstitucionalidad de estos dos artículos vuelve inútil a la Ley Televisa. Si se cae la integración de la Cofetel la ley se vuelve inoperante. No tienen con quién ejecutarla para sus beneficios. Es muy probable la renovación completa de la Cofetel. Por eso están tan enojadas las televisoras, porque se les caerían sus empleados como son Héctor Osuna, Ernesto Gil Elorduy, Eduardo Ruiz Vega y Gerardo Francisco González. Hasta ahorita las dos votaciones le son contrarias a Cofetel, pero una de ellas no ha tenido la mayoría calificada. Me refiero al escalonamiento, renovación y tiempo de duración de los comisionados. Seis ministros declararon inconstitucional la norma, pero sólo tres no. Sin embargo, hay un criterio constitucional, en términos de la distorsión que la ley hizo de lo que debe ser un órgano desconcentrado.
–Que los ministros rechacen la inconstitucionalidad de ambos artículos, es elotroescenario.
–Entonces, la presión aumentará sobre el Congreso, porque está acreditado entre especialistas, legisladores, políticos, intelectuales, que esa ley contiene un régimen especial de protección y de privilegio y que el Estado no puede, en modo alguno, renunciar a la rectoría en la administración del espectro radioeléctrico, ni mucho menos permitir que un poder como el de la televisión se asuma, por sobre las funciones del Estado y del propio Congreso, en la administración de bienes del dominio público y de la nación. Pero es en el Congreso donde está la mayor responsabilidad.
La Corte sólo dará criterios constitucionales e invalidará algunas normas. Quienes deben reformar las leyes son los legisladores. La Corte frenó los efectos de una legislación contraria a la Constitución. Queremos una nueva legislación, moderna, democrática competitiva que respete la pluralidad, garantice la diversidad cultural, y asuma la función social. Queremos un proyecto de mayor oferta comunicacional; un régimen de medios públicos. Reglas claras a la relación medios-partidos políticos y campañas electorales, prohibición del dinero en la contratación de la publicidad electoral; para todo eso necesitamos parar la Ley Televisa.
–¿Cuál es el desafío para los ministros? ¿Qué tienen en sus manos?
–Tienen la decisión más importante de la última época de la Suprema Corte. Es más importante que el anatosismo, porque nada afecta e influye tanto como los medios electrónicos de comunicación en la formación de la gente. Porque la televisión entra hasta la casa, moldea. Los ministros tienen en sus manos una decisión de la que dependerá no sólo el nuevo orden jurídico en términos de división de poderes; contrapesos y función social.
De su decisión dependerá la ampliación o no de la oferta comunicacional del país y el fortalecimiento o no de la democracia. Es innegable que la principal arena de la disputa político-electoral, para acceder al poder, son los medios de comunicación. En manos de los ministros de la Corte está robustecer o envilecer el proceso democrático mexicano.
La responsabilidad de los ministros es histórica, porque constituirá un hito, un antes y un después. Ellos lo han asumido así, saben que lo es. Este es el asunto al que le han dedicado más transparencia, apertura, tiempo, estudio. Saben que vivimos en una sociedad donde los medios constituyen una fuerza determinante para la formación de la opinión pública”.
–Al Ejecutivo Federal ¿qué le corresponde en esta materia?
–Al Ejecutivo le toca ser consecuente con los criterios que la Corte determine y ejercitar de inmediato las resoluciones en su ámbito de competencia. La Corte ha señalado que, en materia de facultades exclusivas de radio y televisión esta supuesta transferencia no es absoluta, puesto que el proceso se inicia y termina con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Calderón tiene en sus manos sacar un verdadero reglamento de esta legislación, que acote esas pretendidas facultades exclusivas que la ley depositó en manos de las dos televisoras. El Ejecutivo Federal tiene influencia, por lo menos en el PAN y un poco en el PRI, y a través de Elba Esther Gordillo, en varios partidos más. Así como hay un profundo interés para echar abajo la reforma legislativa en el Distrito Federal en materia de aborto, porque pide la acción de inconstitucionalidad, ojalá que también, en ese mismo tenor se pudiera promover, impulsar y alentar la reforma de esta legislación.
–¿Qué viene para México?
–La oportunidad para el país y para la clase política de una nueva legislación en materia de medios de comunicación que permita avanzar hacia un escenario moderno, como en otros países. El retraso mexicano en esta materia es proporcional al de la clase política de 2006.
Lo que viene es un esfuerzo organizado para reformar estas leyes y tener un nuevo modelo de comunicación. Dejar de pasar esta oportunidad, eludir el debate de la Corte, desechar los criterios constitucionales, sería suicida para la clase política mexicana. Porque si el Congreso no se inmoviliza, si no hace nada, concedería un mayor poder a la televisión en México, y estaría aceptando ser sustituido por el duopolio.
Si todo este debate y las resoluciones de la Corte no tumban esa legislación, entonces se puede fortalecer el duopolio. La clase política deberá combatirla, y lo tendrá que hacer no por amor a la patria, ni por ética. Lo tendrá que hacer por pragmatismo puro. Porque si no lo hace seguirá a expensas de Azcárraga Jean y Salinas Pliego, y dependerá existencialmente de las televisoras. Quien quiera ser gobernador, diputado, y senador no acudirá al sistema de partidos, sino que pedirá el visto bueno a esos dos barones.
La batalla contra la Ley Televisa, a través de la acción de inconstitucionalidad, ha dispensado logros y beneficios muy importantes para la administración de justicia en México, para el nuevo orden jurídico constitucional. Incluso ha redefinido algunos de los elementos en términos de la legitimación, o del interés legítimo, para promover acciones de inconstitucionalidad y ha sentado precedentes en materia de transparencia, que difícilmente podrán ser revocables o podrán ser ignorados.
Que la Corte haya abierto audiencias para recibir a grupos sociales; que hayan suspendido sesiones; el que los ministros hayan convocado a peritos, expertos; que el debate de la ley se dé de cara a la nación, la decisión de la Corte, de ratificar la legitimación activa de quienes promovimos la acción, aun perdiendo el carácter de senador, rompe con el principio tradicional de la personería jurídica.
–Acerca de la demanda contra usted.
–La famosa demanda es más sencilla que toda la boruca que se ha hecho: Televisa siempre quiso mantener abierto el expediente de la deuda, para lo que se les ofreciera. Yo sostengo que, incluso, hasta para ofrecerme la condonación. Porque nunca, hasta la fecha, la empresa generó factura alguna. Nunca la podrán probar y menos ante el juez que lograron encontrar, a modo, en Chihuahua. Televisa ha cobrado a quien no le debe. Se hizo una pauta, con montos y frecuencias y horario, como sugerencia a nuestro comité de campaña para el último tramo de la campaña. Nadie ha desconocido ni el documento, ni yo mi firma, mucho menos la inscripción que puse al calce, dirigida a nuestro coordinador, de que debíamos reservarnos el derecho de hacer varios cambios a esa pauta, conforme se desarrollara la campaña. Lo admití ante el juez, porque ese no es ningún título de crédito, contrato, convenio o factura. Ellos están conscientes de eso.
Tan es así que en mayo de 2005 Televisa requirió el pago del Partido Acción Nacional en oficio firmado por su gerente en Chihuahua. Incluso, diciéndole al PAN que esa carta surtía efectos de notificación extrajudicial para los efectos legales que correspondiera. El presidente del PAN contestó de inmediato, asumiendo la deuda. Una vez que yo regreso al Senado (después de su candidatura al gobierno de Chihuahua) y que retomo los proyectos de la iniciativa de la Ley Federal de Radio y Televisión, en 2005, Televisa pone la demanda en Chihuahua.
A Televisa no le interesan 993 mil pesos, le interesa desprestigiar mi imagen. Fueron a presionar al juez para que, el mismo día que empezaban las discusiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera su sentencia mañosa. ¿Por qué querían que les pagara ese día? Porque querían utilizar la sentencia para lo que la utilizaron, para pasar en el Canal 2, que su principal impugnador en la Corte es un deudor moroso, encontrado culpable, como dijo López Dóriga. Querían la sentencia del juez para hacer el uso mediático que hicieron. Uso, por cierto, indebido, ilegal de la pantalla, en donde una empresa utiliza su noticiero estelar en el Canal 2 para anunciar que le ha ganado, a un particular, un juicio de carácter civil por 993 mil pesos en Chihuahua. La maniobra es tan burda como clara nuestra argumentación de que el que debe es el PAN, no yo. Estamos preparando la apelación y vamos a ir a acciones legales aledañas, porque hay varias figuras que contempla la legislación de Chihuahua en esta materia. Hay cosas muy graves en ese juicio. Debo decir que hay hasta documentación falsa presentada por la empresa.
–Y, los medios impresos ¿cómo registran el debate por la Ley Televisa?
–En los medios impresos es evidente una red de complicidades y de vínculos con Televisa, porque además son tan burdos que se les ve. Por ejemplo Excélsior y Milenio Diario. En el caso del primero, por los acuerdos que Olegario Vázquez Raña tiene con esa empresa y en función del canal de televisión que le regaló Martha Sahagún (Canal 28), quien le ayudó para que terminara en una venta forzosa a Vázquez Raña.
El litigio donde el Estado tuvo omisiones muy graves para que Raúl Aréchiga recuperara ese canal e inmediatamente se lo vendiera a Olegario Vázquez es largo. Al nuevo Excélsior, el señor Vázquez Raña lo volvió tan antiguo como cuando estaba Regino Díaz Redondo. En Milenio, su director Carlos Marín, está influyendo, por el acuerdo que tiene Pancho González con Televisa, y el propio Marín, con su participación en el programara Tercer Grado, el patiño de Televisa.
