Desmantelan e inician juicio contra radio comunitaria en Michoacán

Por: Anayeli García Martínez

Rosa Cruz, integrante de la radio comunitaria Uekakua fue citada el pasado 13 de junio para comparecer ante la Agencia Segunda Investigadora del Ministerio Público de la Federación en Uruapan, Michoacán en calidad de indiciada por hacer uso del espectro radioeléctrico sin el permiso correspondiente, de acuerdo al artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, el cual alcanza hasta 12 años de prisión. El 23 de junio los abogados de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) se acreditaron como defensores de Rosa para revisar el caso por el procedimiento penal que inicio en su contra la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y que fue implementada por la Procuraduría General de la República. Rosa Cruz, artesana purépecha y presente en la conferencia relató lo ocurrido el 29 de enero de este año, cuando cerca de 100 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones llegaron a las instalaciones de la emisora y la cerraron de forma violenta.. Acerca de lo sucedido dijo, “nosotros no estamos haciendo nada malo, ni nos estamos haciendo ricos”. Aleida Calleja, vicepresidenta de AMARC y Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunciaron que el cierre de la radio Uekakua, ubicada en Ocumicho, Michoacán y el citatorio representa la constante criminalización a la libertad de expresión. La radio Uekakua es una emisora de 5 watts que transmite en lengua purépecha y aunque emplearan el espectro radioeléctrico sin permiso, en ninguna forma ponen en peligro ni generan un daño grave. En este marco, la vicepresidenta de AMARC mencionó lo extraño que resultan los criterios bajo los cuales las autoridades aplican la ley, pues hay emisoras intocables mientras que otras se criminalizan, como ejemplo las radios conmutarías, que tienen fines sociales al brindar un servicio público, no obstante “son objeto de medidas irracionales” y manifestó su preocupación porque a pesar de que desde 2002 la emisora ha solicitado el permiso para operar, hasta el momento no tienen una respuesta satisfactoria. Ante ello la representan de AMARC calificó como “política represiva” que el estado mexicano este utilizando una vía penal en vez de una administrativa como lo marca la ley, para los casos en que se utiliza el espectro sin permiso, en conclusión criminaliza la libertad de expresión, afirmó.