Publicó ayer Reporteros sin Fronteras (RSF) el informe México: Los entresijos de la impunidad. Escalada de la seguridad pública y pesadez burocrática, llevado a cabo por Benoît Hervieu, Balbina Flores Martínez, y Jean-François Julliard, después de su última misión en el país del 4 al 12 de julio de 2009, mismo que refiere que “con 55 periodistas asesinados y ocho desaparecidos desde el año 2000… México se clasifica en el rango de país más peligroso del continente para la libertad de prensa”.
La misión de RSF en México resaltó que “la pasividad, la negligencia o la neutralización mutua de instituciones de más dedicadas a la defensa de la libertad de prensa en todos los niveles del poder… no son las únicas en tela de juicio en la perpetuación del calvario de la prensa mexicana”, como la creación de la Fiscalía Especial de Atención a los Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), misma que desde su creación en 2006 no ha auxiliado a la reducción de la impunidad.
En representación de la delegación de RSF, Jean-François Julliard, secretario general de la organización, se reunió con Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, secretario de Gobernación, para entender mejor “los mecanismos del sistema judicial mexicano, así como sus límites”, pues ha quedado manifiesta la complicidad y responsabilidad de las autoridades en “graves violaciones de los derechos humanos, entre otros, el de informar”.
La organización señala en su informe que la situación de inseguridad del Estado mexicano –que lleva casi 14 mil víctimas en dos años– y la vulnerabilidad de los periodistas en el país, ha incrementado por la infiltración del crimen organizado en algunas esferas del poder, así como por la intervención policiaca y militar lanzada contra los cárteles de la droga desde 2006.
Reporteros sin Fronteras hace un llamado para hacer “una restructuración en profundidad del sistema judicial mexicano y en importantes modificaciones legislativas en relación con la prensa”, aunque advierte que ninguna solución será posible “sin la contrapartida de Estados Unidos en materia de control de las armas”.
