por: Redacción
Faltan todavía poco más de tres años para que concluya la administración federal,
y nada sugiere que desde Los Pinos surja el interés por una nueva legislación de los medios de comunicación electrónicos incluyente; con objetivos sociales y educativos de largo alcance: y generadora de la competencia en la televisión abierta y las telecomunicaciones.
Con casi nueve años en la presidencia de la república, los panistas prefieren reproducir el esquema de favores mutuos que le funcionó durante 50 años al PRI, con su aliado el empresariado mediático, representado principalmente por Televisa. Tal vez temiendo que sin aquél apoyo no podrían mantenerse en el poder, según la lógica priísta. Contratos de publicidad y canonjías ilimitadas para los concesionarios de los medios electrónicos y la prensa escrita, a cambio de un periodismo acrítico y descontextualizado, han sido las monedas de cambio.
Tres años fueron suficientes para saber si la autoridad aplicaría una política pública dirigida a revertir las añejas prácticas. Lejos de ello, el gobierno de Calderón ha sido omiso en la puesta en marcha de casi toda la agenda nacional mediática pendiente: nueva legislación de radio, televisión y telecomunicaciones; marco jurídico para los medios de servicio público, y las radio comunitarias; garantías para el acceso de indígenas a los medios de comunicación; legislación de publicidad gubernamental; reglamentación del derecho de réplica y seguridades para el ejercicio periodístico.
Pero, los gobiernos panistas fueron más allá que sus similares del PRI, porque a diferencia de los priístas, en el gobierno de Fox se logró modificar la legislación de radio y televisión, lo que no hizo en medio siglo el Revolucionario Institucional. Casi desaparecieron los tiempos de Estado que pagaba en especie la industria mediática, y se obsequió el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en 2002.
Para no perder la gracia de los concesionarios Vicente Fox, además, promulgó las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión aprobadas por el Congreso en el 2006; permitió que Ricardo Salinas Pliego se adjudicara el Canal 40; y favoreció a la familia Aguirre en su litigio contra José Gutiérrez Vivó, a quien le retiró también la publicidad. Ahora, Calderón le niega al país una ordenamiento democrático e incluyente; impide la competencia en la televisión abierta y; niega a los ciudadanos el acceso a los medios de comunicación.
Ese repliegue gubernamental y la ausencia de regulaciones precisas en el sector fueron aprovechados por el duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca) y los consorcios de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, para desafiar a los poderes constituidos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y recientemente retando a la autoridad electoral, con la violación a la legislación, producto de la reforma electoral del 2007. Al respecto, la autoridad federal no ha hecho un solo llamado de mesura a las televisoras nacionales, actitud que contrasta con el desmantelamiento de las radios comunitarias (28 en el 2009), que con su operación ejercen su derecho a la libertad de expresión.
Los empresarios de esa industria ya trabajan en la anulación de la reforma constitucional de noviembre de 2007, -que ha limitado sus ingresos millonarios-, a pesar de que ésta apenas pasará su primera prueba con los comicios del domingo 5 de julio. Quieren que los partidos y los particulares vuelvan a gastar miles de millones de pesos en las campañas electorales, y hacer política a su conveniencia como antes de esa reforma. Los concesionarios no perderán la oportunidad de incidir en las elecciones presidenciales del 2012, como lo hicieron para el 2006.
A pesar de las recurrentes violaciones a la ley electoral protagonizadas por el duopolio televisivo, ahora el Partido Verde Ecologista de México, ha llegado al extremo de conformar una fusión riesgosa con el duopolio televisivo, al integrar a su futura fracción a funcionarios o exfuncionarios de Televisa y a la hija del dueño de TV Azteca, Ninfa Salinas Sada. Ningún otro partido se había atrevido a tanto, en la historia reciente.
Por todas esas razones, quienes hemos seguido la agenda mediática en los últimos nueve años desde la revista Zócalo, creemos que existen motivos suficientes para que los ciudadanos expresen en las urnas su voto a favor, o en contra, de quienes han cumplido o traicionado la confianza de la gente, frente a la agenda mediática.
Es cierto que entre los partidos políticos y sus candidatos, hay muy poco de donde escoger, sin embargo, la historia reciente nos demuestra que una parte de esa clase política, solicitó eliminar la llamada Ley Televisa, logrando que la Suprema Corte revirtiera sus artículos más perniciosos.
Quienes hoy llaman a anular el voto niegan a los ciudadanos la oportunidad, quizá la única en tres años, de aprobar o no, según su parecer, la actuación gubernamental frente a esa agenda. Esa es la democracia. Los jóvenes, quienes por primera vez ejercerán su derecho al voto ¿deberán abstenerse, porque la clase política “no funciona”? No voten ahora, se les dice. ¿Y en el 2012, sí? ¿Acaso las cúpulas partidistas serán distintas en sus procedimientos dentro de tres años? ¿Cuándo los partidos han sido entidades pulcras y éticas?
La política relacionada con los medios de comunicación, no se la podemos dejar únicamente a los políticos y sus organizaciones, mucho menos, ahora, a las televisoras privadas quienes infiltraron a los partidos. La agenda mediática tiene que ser un asunto donde participe grupos sociales, instituciones e individuos cada vez en mayor número. A la sociedad mexicana lo que le hace falta es hacer más y mejor política. Votemos el 5 de julio.
Zócalo
(Comunicación, política y sociedad)
(Pdt: Si coincides con este argumento reenvíalo).
