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sábado, 12 de mayo de 2007

Privilegios fiscales a empresas mediáticas

El informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública de 2005 dejó fuera de duda la perversa relación que mantiene el Gobierno federal frente a los medios de comunicación y con las empresas de entretenimiento.

Aunque los datos recientemente difundidos respecto de los privilegios fiscales concedidos por las autoridades a las empresas que más las favorecen corresponden solamente a un año de actividades, resultan aterradores de cualquier manera y confirman que los peores vicios de la peor práctica política no sólo están vigentes, sino que se tiende a reforzarlos. No sólo se sigue echando mano de la estructura fiscal para premiar o castigar, sino que nuevamente se utilizan instrumentos públicos como las cuotas patronales al IMSS o al Infonavit para cooptar o controlar a las empresas, especialmente cuando se dedican a la comunicación de masas.
En efecto, durante el quinto año de gobierno de Vicente Fox, las dos principales cadenas de televisión fueron beneficiadas con mil 521 millones 821 mil 200 pesos en créditos fiscales, monto al que se suman 2 mil 675 millones 476 mil pesos que –por su parte-- acumuló durante años una compañía editorial que, bajo el manto protector de las autoridades, logró una rápida transición de cooperativa fallida sociedad anónima competitiva. Por si fuera poco, en ese esquema se incluye a cuatro clubes de futbol que acumulan 2 mil 178 millones 880 mil 200 pesos en beneficios tributarios.

El saldo de los impuestos no enterados al erario durante 2005 asciende a 6 mil 376 millones 177 mil 400 pesos, monto que representa 80 por ciento de los 7 mil 733 millones 190 mil que acumularon un total de 11 empresas del ramo de las comunicaciones –que incluye a otros periódicos, radiodifusoras, así como entidades del ramo de las telecomunicaciones– y del entretenimiento, rubro que ocupa el octavo lugar de las 14 ramas de actividad analizadas por la ASF respecto de los contribuyentes con deudas superiores a 200 millones de pesos. Con base en los datos de la Cuenta Pública correspondiente al año previo a las elecciones federales de 2006, el efecto de los créditos fiscales es de tal magnitud que llega a ser equiparable al gasto destinado para la vialbilidad de varios municipios durante periodos prolongados.

La información del organismo fiscalizador no precisa los nombres de las empresas mediáticas beneficiarias de los privilegios fiscales, aunque permite suponer sus nombres, de acuerdo con su historia financiera reciente y su relación con el Gobierno. Recuerda que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargado de recaudar los impuestos, no ha establecido límites para créditos fiscales, por lo que “ciertos contribuyentes han omitido sus obligaciones por un tiempo prolongado’’ y de manera reiterada, en perjuicio del erario y creando condiciones injustas para la mayoría de los contribuyentes más o menos cumplidos.

De tal suerte, las concesionarias de televisión, al igual que la “compañía editorial’’ –que acumuló 40 créditos, sólo en ese año– y los cuatro equipos de futbol –con un conjunto de 79 créditos– son parte de los 298 grandes deudores detectados por la ASF que, pese a ser empresas con elevadas ganancias anuales, se beneficiaron con 20 mil 717 créditos fiscales. La Auditoria Superior, en su Informe enviado a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventuales sanciones, hace notar que los grandes contribuyentes del país concentran 16.6 por ciento de créditos tributarios, con “lo que evidencia que son a la vez los grandes deudores fiscales’’.
Advierte además a los legisladores que la cartera de impuestos recuperados hasta la fecha por el SAT ha representado 0.1 por ciento del total, mientras que los créditos cobrados difícilmente llegan a cubrir nueve décimas del gasto autorizado para su recuperación. Por contraste, las utilidades de las empresas beneficiadas fiscalmente crecen en proporción directa con el intercambio de las prebendas que les proporcionan las autoridades mediante diversos mecanismos.

No obstante los esfuerzos y los avances, el país no ha logrado la indispensable transparencia entre autoridades y empresas mediáticas o de entretenimiento,
lo que se ha traducido en discrecionalidad, inmoderación y, sobre todo, impunidad de muchos medios debido al secreto en el que se desarrollan y se relacionan con el poder público. Esto, a su vez, deriva en un grave problema en materia de información. Programas fiscales como el de Cuenta Nueva y Borrón, auspiciado por la Secretaría de Hacienda, ha pervertido la relación gobierno-empresas mediáticas; situación que se profundiza con los “convenios” que se establecen para pagar con publicidad las cuotas patronales al IMSS o Infonavit, en perjuicio del resto de los contribuyentes.

La transparencia, una utopía
Aunque se han planteado algunas estrategias al respecto, no hay certidumbre de que se cumpla la exigencia para que los gobiernos federal, estatal y municipal, solamente se anuncien en medios que dispongan de tiraje o rating certificado. El tiraje y la audiencia se guardan, pese a las exigencias de transparencia, bajo sospechoso celo. El problema es grave, ya que si se obligara a transparentar las ventas, se desnudaría el escaso público de que disponen muchos medios de comunicación en general y quedarían al descubierto el cúmulo de favores y privilegios que alienta buena parte de la relación entre gobierno y empresas periodísticas o de entretenimiento.

Parte de esas prácticas han contribuido a la deformación del periodismo sano. Pese a la voluntad por transparentar el ejercicio periodístico y a las grandes batallas que se han seguido en las redacciones por profesionalizar el oficio, prevalece la costumbre de engañar al público con propagandas que, bajo el nombre de “gacetillas”, se presentan como información. Generalmente esos mensajes corresponden a convenios de intercambio de publicidad por pagos fiscales, sean tributarios o de aportaciones al IMSS. Lo deseable para el público sería exponer, sin matices, que toda información pagada, en donde las gacetillas juegan un papel destacado, se acompañen de la leyenda “inserción pagada”, lo que sería muy revelador de la influencia del medio porque en múltiples ocasiones hasta los titulares de primera plana son vendidos.

Frente a la radio y la televisión sería conveniente instaurar una estrategia similar en beneficio del público. Crear un registro de telecomunicaciones en el que, además de los datos precisos sobre las condiciones de cada concesión, se informe sobre la audiencia real y el carácter de los programas que se difunden. Hay que recordar que en el país es apabullante la influencia de las dos grandes televisoras, mientras que en el ámbito periodístico no más de cinco de los periódicos que circulan en la ciudad de México son rentables, los demás sobreviven artificialmente gracias la incestuosa relación entre los medios y el poder político, vía subsidios o privilegios fiscales.

Romper ese amasiato perverso garantizaría el derecho ciudadano a la información, el uso correcto de los recursos fiscales y daría sentido a las manos limpias con las que el Gobierno federal quiere pasar a la historia.

Ángel Tavira, virtuoso actor improvisado

Ángel Tavira se llama el octagenario violinista guerrerense que a los 83 años de edad saltó a la fama mundial como principal protagonista de la cinta El violín (2005), con la cual –aunque es un actor improvisado– ha obtenido reconocimientos, como el de la mejor interpretación masculina en la sección Una cierta mirada, del Festival de Cannes, Francia.
Don Ángel, nacido en Iguala, Guerrero, ha sido promotor de la música tradicional de su tierra; toca varios instrumentos además del violín: sax, chelo y guitarra. Fue maestro de música en una escuela secundaria, y actualmente imparte clases.

Otra peculiaridad de Ángel Tavira, quien interpreta a Don Plutarco en la película, es haber perdido a los 13 años de edad, los dedos de la mano derecha por la explosión de un cohete.
Dirige el grupo Ángel Tavira y sus Hijos y al conjunto musical Pókar de Ases, que se presenta principalmente en Iguala.

El violín, película dirigida por Francisco Vargas Quevedo filmada en blanco y negro, ya cosechó 34 premios, como el Knight Grand Jury Prize a la mejor película iberoamericana en el Festival Internacional de Cine de Miami este año, donde fue considerada como “Una película perfecta. Perfectamente realizada”.

El violín ganó también tres Arieles de la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas en el 2007.
Es la historia de un músico, su hijo Genaro (Genaro Taracena) y su nieto Lucio (Mario Garibaldi), quienes llevan una doble vida de músicos rurales y simpatizantes activos de un movimiento guerrillero campesino contra el gobierno opresor en 1924.
Don Ángel recibió el 3 de febrero un reconocimiento más en Ajuchitlán, Guerrero, por su tarea de promotor de la música tradicional de la región, que se suma al premio como Mejor Actor en el Festival de Gramado, Brasil, y a una mención especial en la Muestra de Cine de Sao Paulo, Brasil.

Al preguntarle a Tavira cómo se explica el éxito y los premios a pesar de ser un actor no profesional, dice que primero lo invitaron a hacer un corto y de ahí surgió la idea de incluirlo en la película.
Acerca de la exhibición internacional del filme, dice que se presenta en Francia, Inglaterra, India... “ y quién sabe dónde más”, comenta.

Don Angel no se sorprende de haber encontrado a su edad otra vocación, la de actor, simplemente dice: “Pues sí. Creo que lo hice bien porque tuve premios como mejor actor. No sentí que actué, sino que era parte de mi vida, tal como soy”.

Advierten acerca del consumidor pasivo

Los medios de comunicación pueden contribuir al cambio social o mantener el statu quo, pero corresponde al público decidir si le sirven para informarse o entretenerse, asegura Gustavo Ramírez, investigador de la UNAM. En tanto, Pablo Gaytán, de la UAM Azcapotzalco, advierte que los medios propician que la gente ya no piense en los contenidos, provocando una relación social de simulación entre el espectador y el medio de comunicación.

“Los medios son generadores de patrones de conducta que se ven en la forma de vida de la población influyendo en el lenguaje y forma de vestir. No se pretende prohibir que se vea u oiga algún medio en especial, sino invitar al público a que analice el contenido de la programación para que deje de ser un consumidor pasivo. El ciudadano tiene la opción de consumir y ver opciones varias eligiendo otro canal de televisión, o tal vez la lectura de un libro o que experimente con otras industrias culturales como el cine o las nuevas tecnologías”, agrega Gustavo Ramírez.

La globalización permite que los temas de análisis y controversia se mundialicen, derrumbando las barreras informativas y facilitando a los individuos intercambiar parámetros de análisis e identificación de intereses como la defensa de los derechos humanos, asuntos de migración o cuestiones ecológicas.

Pablo Gaytán asegura que la relación medio y espectador está viviendo en un tiempo de ascenso de la significancia cultural y no del significado. Es decir, la gente confunde lo cultural con el entretenimiento. “No hay apropiación del conocimiento, sino una relación social de simulación. Lo que interesa más es el icono, el símbolo y no los contenidos. Yo comparto más la definición de la ‘lógica del entretenimiento de los medios’, que el término cultura. Ahora los medios ya no hacen pensar. Los nuevos artistas no son el pintor ni el músico. Ahora es artista aquella mujer que se pone implantes y aparece en la pasarela. El músico ahora es aquel que tiene un software que manipula en su laptop y hace música, pero no la escribe”.
Ambos analistas coincidieron en que los medios de información son un espacio donde convergen la fama y el espectáculo y los que desean salir a ofrecer otras formas culturales y locales buscando una democratización de la tecnología.

Ramírez y Gaytán comentaron lo anterior en la conferencia El papel de los medios de comunicación en la formación cultural mexicana, organizada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

La suprema corte, a prueba

A pesar de la trascendencia de las cuestionables reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, tuvo que pasar un año para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzara el análisis de la acción de inconstitucionalidad que presentaron 47 senadores el 3 de mayo del 2006.

Los 11 ministros cuentan ya con suficiente información acerca del impacto de esas reformas, ya que antes, durante y después de la aprobación en el Congreso, los sectores interesados a favor o en contra de los cambios, manifestaron las implicaciones de los mismos.
Será el 21 de mayo cuando comience ese análisis que debe ser conocido por la sociedad; transparente como presume la publicidad de la Suprema Corte, más ahora que cuenta con un canal de televisión, cuyo objetivo es fomentar la cultura jurídica de los ciudadanos. Sería cuestionable que los ministros insistan debatir “en privado”, sus argumentos y su sentido del voto.
En los últimos meses, diversas asociaciones civiles y académicas han llevado más y nuevos argumentos a los ministros, para sensibilizarlos sobre las consecuencias que tendría para la nación, el que ellos también dieran luz verde a tan cuestionables cambios.
Legisladores del Congreso federal han sido citados a mediados de mayo para que expongan ante los ministros sus opiniones de la polémica ley.

Por supuesto que durante los pasados 12 meses, los actores beneficiados con aquellos cambios, no esperaron a que los ministros de la Corte resolvieran la controversia, no obstante los amplios sectores en los que impacta la llamada Ley Televisa. Por el contrario, estimulados y protegidos por el expresidente Fox y ahora tolerados por el gobierno de Felipe Calderón, que sólo ve pasar los acontecimientos, los concesionarios de radio, televisión y telefonía ya han dirigido sus políticas de inversión, a las amplias ventajas que permiten aquellas reformas.
No cabe duda que también la Ley Televisa pondrá a prueba a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El país será testigo de su decisión. Ojalá que su voto sea por el bien de México y no sólo favorezca los intereses de un grupo de concesionarios y a la clase política que avaló las reformas en el Congreso. De ocurrir esto último, los ministros contribuirán a acentuar las desigualdades sociales, económicas y políticas de millones de mexicanos. Es la hora de la Corte.

Un defensor del televidente

Durante 57 años de existencia de la televisión comercial en México, no se conoce un solo caso de alguien que, molesto por los contenidos de la programación de la televisión comercial, o afectado en su honor o imagen por la probable manipulación de la información, haya tenido la oportunidad de manifestar su inconformidad frente a las cámaras, y que éstas trasmitan esas protestas.

Si no lo han podido lograr figuras de la política o del espectáculo, dañadas en su prestigio por los noticieros y los programas de chismes de la farándula, ¿qué expectativas tienen los ciudadanos que no cuentan con fama, poder o dinero?

Quienes han pretendido defenderse del daño provocado por esa manipulación informativa, se han topado con la venganza, soberbia e insolencia de Televisa y TV Azteca, y colocan al que protesta en la “lista negra” de los que nunca más serán invitados a sus espacios de pantalla.
Los empresarios de la televisión siempre han sido indiferentes a la creación del defensor del televidente. Esa indiferencia sólo es explicable por las complicidades gubernamentales con las que nació y ha crecido la televisión en México, y por la falta de rigor de las autoridades de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaria de Gobernación para hacer posible el cumplimiento del derecho de réplica consagrado en el reglamento de Radio y Televisión.
Recordemos que, por ordenes del ex presidente Miguel Alemán se determinó que el modelo de televisión en México fuera el estadounidense. Frente a esa decisión, Salvador Novo viajó a Europa para estudiar y documentar que la televisión de la BBC de Londres era una opción que podría funcionar en nuestro país, si el gobierno estaba interesado en otorgar concesiones con objeto de que se creara una televisión con énfasis en la tarea social y si quería conservar autoridad sobre el espectro radioeléctrico.

Es evidente que el Estado no sólo no tomó las riendas del asunto, sino que las puso en manos de los dos grandes concesionarios.
Los resultados están a la vista. El Estado perdió fuerza, dominio y poder sobre el espectro radioeléctrico que concesionó, teóricamente por un tiempo específico y que no debió renovar a aquellos empresarios que no cumplieron lo que establece la Ley Federal de Radio y Televisión.
Uno de los mandatos no cumplidos es la creación de espacios para la réplica. Las televisoras no ven la necesidad de disculparse con el televidente ofendido; por la perversión del idioma español en boca de conductores y personajes de la pantalla; por la programación que alienta ignorancia, mediocridad, misoginia, homofobia, racismo y clasismo; por el amarillismo de los noticieros, la desinformación; o por la manipulación informativa donde se desprestigia a grupos y personas que exigen reivindicaciones sociales o denuncian decisiones gubernamentales.

Es cierto que el televidente siempre tendrá la opción de cambiar de canal o de apagar el televisor. Sí, pero la ofensa ya quedó, el daño es indeleble, y ninguno de los millones de anónimos afectados encuentran espacios para presentar su queja y que ésta sea difundida en la pantalla. Bueno, ni las llamadas telefónicas a los programas de opinión en vivo son consideradas importantes, ni los correos de voz, hoy muy de moda, que sólo difunden frases laudatorias a los programas y sus conductores.

Ante la actual inconformidad de los maestros por la aprobación de las reformas gubernamentales a la Ley del ISSSTE, los noticieros de televisión muestran insistentemente imágenes de los profesores tomando las calles; pero ningún noticiero comercial ha difundido las razones del enojo de los mentores. En esos “informativos” también escuchamos con frecuencia las airadas opiniones de automovilistas contra las marchas, pero en ninguno hemos visto versiones de los maestros que se sienten ofendidos por la mala imagen que la televisión promueve de ellos.

Hace falta un defensor del televidente. Una forma de acotar la influencia masiva de las televisoras sería a través de la creación del ombudsman de los medios. Cuando esto ocurra, no habrá duda de que estaremos frente al inicio de la búsqueda del equilibrio del poder mediático.
Por lo pronto, Canal 22, a propuesta de su nuevo director, Jorge Volpi, trabaja en la creación de ese defensor de la teleaudiencia. También lo hace el Consejo Consultivo del canal de televisión que será para el Distrito Federal. Actualmente este Consejo elabora con la Deutche-Welle –la televisón pública alemana– las directrices no sólo de la programación sino de la creación de un ombudsman del televidente.

Además, en aras de la transparencia y el diálogo, Canal 22 abrirá un espacio en su propia página online y en la pantalla, para que la audiencia se pueda quejar y sugerir programas. Ese segmento fungirá como una especie de procuraduría del televidente.
Si estos proyectos se hacen realidad y se consolidan, estaremos ante la primera televisora mexicana que inicie una comunicación horizontal y equitativa con su público. La pregunta que sigue es: ¿cuándo empezará la televisión privada a secundar este ejemplo?