La suprema corte, a prueba

A pesar de la trascendencia de las cuestionables reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, tuvo que pasar un año para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzara el análisis de la acción de inconstitucionalidad que presentaron 47 senadores el 3 de mayo del 2006.

Los 11 ministros cuentan ya con suficiente información acerca del impacto de esas reformas, ya que antes, durante y después de la aprobación en el Congreso, los sectores interesados a favor o en contra de los cambios, manifestaron las implicaciones de los mismos.
Será el 21 de mayo cuando comience ese análisis que debe ser conocido por la sociedad; transparente como presume la publicidad de la Suprema Corte, más ahora que cuenta con un canal de televisión, cuyo objetivo es fomentar la cultura jurídica de los ciudadanos. Sería cuestionable que los ministros insistan debatir “en privado”, sus argumentos y su sentido del voto.
En los últimos meses, diversas asociaciones civiles y académicas han llevado más y nuevos argumentos a los ministros, para sensibilizarlos sobre las consecuencias que tendría para la nación, el que ellos también dieran luz verde a tan cuestionables cambios.
Legisladores del Congreso federal han sido citados a mediados de mayo para que expongan ante los ministros sus opiniones de la polémica ley.

Por supuesto que durante los pasados 12 meses, los actores beneficiados con aquellos cambios, no esperaron a que los ministros de la Corte resolvieran la controversia, no obstante los amplios sectores en los que impacta la llamada Ley Televisa. Por el contrario, estimulados y protegidos por el expresidente Fox y ahora tolerados por el gobierno de Felipe Calderón, que sólo ve pasar los acontecimientos, los concesionarios de radio, televisión y telefonía ya han dirigido sus políticas de inversión, a las amplias ventajas que permiten aquellas reformas.
No cabe duda que también la Ley Televisa pondrá a prueba a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El país será testigo de su decisión. Ojalá que su voto sea por el bien de México y no sólo favorezca los intereses de un grupo de concesionarios y a la clase política que avaló las reformas en el Congreso. De ocurrir esto último, los ministros contribuirán a acentuar las desigualdades sociales, económicas y políticas de millones de mexicanos. Es la hora de la Corte.