Privilegios fiscales a empresas mediáticas

El informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública de 2005 dejó fuera de duda la perversa relación que mantiene el Gobierno federal frente a los medios de comunicación y con las empresas de entretenimiento.

Aunque los datos recientemente difundidos respecto de los privilegios fiscales concedidos por las autoridades a las empresas que más las favorecen corresponden solamente a un año de actividades, resultan aterradores de cualquier manera y confirman que los peores vicios de la peor práctica política no sólo están vigentes, sino que se tiende a reforzarlos. No sólo se sigue echando mano de la estructura fiscal para premiar o castigar, sino que nuevamente se utilizan instrumentos públicos como las cuotas patronales al IMSS o al Infonavit para cooptar o controlar a las empresas, especialmente cuando se dedican a la comunicación de masas.
En efecto, durante el quinto año de gobierno de Vicente Fox, las dos principales cadenas de televisión fueron beneficiadas con mil 521 millones 821 mil 200 pesos en créditos fiscales, monto al que se suman 2 mil 675 millones 476 mil pesos que –por su parte-- acumuló durante años una compañía editorial que, bajo el manto protector de las autoridades, logró una rápida transición de cooperativa fallida sociedad anónima competitiva. Por si fuera poco, en ese esquema se incluye a cuatro clubes de futbol que acumulan 2 mil 178 millones 880 mil 200 pesos en beneficios tributarios.

El saldo de los impuestos no enterados al erario durante 2005 asciende a 6 mil 376 millones 177 mil 400 pesos, monto que representa 80 por ciento de los 7 mil 733 millones 190 mil que acumularon un total de 11 empresas del ramo de las comunicaciones –que incluye a otros periódicos, radiodifusoras, así como entidades del ramo de las telecomunicaciones– y del entretenimiento, rubro que ocupa el octavo lugar de las 14 ramas de actividad analizadas por la ASF respecto de los contribuyentes con deudas superiores a 200 millones de pesos. Con base en los datos de la Cuenta Pública correspondiente al año previo a las elecciones federales de 2006, el efecto de los créditos fiscales es de tal magnitud que llega a ser equiparable al gasto destinado para la vialbilidad de varios municipios durante periodos prolongados.

La información del organismo fiscalizador no precisa los nombres de las empresas mediáticas beneficiarias de los privilegios fiscales, aunque permite suponer sus nombres, de acuerdo con su historia financiera reciente y su relación con el Gobierno. Recuerda que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargado de recaudar los impuestos, no ha establecido límites para créditos fiscales, por lo que “ciertos contribuyentes han omitido sus obligaciones por un tiempo prolongado’’ y de manera reiterada, en perjuicio del erario y creando condiciones injustas para la mayoría de los contribuyentes más o menos cumplidos.

De tal suerte, las concesionarias de televisión, al igual que la “compañía editorial’’ –que acumuló 40 créditos, sólo en ese año– y los cuatro equipos de futbol –con un conjunto de 79 créditos– son parte de los 298 grandes deudores detectados por la ASF que, pese a ser empresas con elevadas ganancias anuales, se beneficiaron con 20 mil 717 créditos fiscales. La Auditoria Superior, en su Informe enviado a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventuales sanciones, hace notar que los grandes contribuyentes del país concentran 16.6 por ciento de créditos tributarios, con “lo que evidencia que son a la vez los grandes deudores fiscales’’.
Advierte además a los legisladores que la cartera de impuestos recuperados hasta la fecha por el SAT ha representado 0.1 por ciento del total, mientras que los créditos cobrados difícilmente llegan a cubrir nueve décimas del gasto autorizado para su recuperación. Por contraste, las utilidades de las empresas beneficiadas fiscalmente crecen en proporción directa con el intercambio de las prebendas que les proporcionan las autoridades mediante diversos mecanismos.

No obstante los esfuerzos y los avances, el país no ha logrado la indispensable transparencia entre autoridades y empresas mediáticas o de entretenimiento,
lo que se ha traducido en discrecionalidad, inmoderación y, sobre todo, impunidad de muchos medios debido al secreto en el que se desarrollan y se relacionan con el poder público. Esto, a su vez, deriva en un grave problema en materia de información. Programas fiscales como el de Cuenta Nueva y Borrón, auspiciado por la Secretaría de Hacienda, ha pervertido la relación gobierno-empresas mediáticas; situación que se profundiza con los “convenios” que se establecen para pagar con publicidad las cuotas patronales al IMSS o Infonavit, en perjuicio del resto de los contribuyentes.

La transparencia, una utopía
Aunque se han planteado algunas estrategias al respecto, no hay certidumbre de que se cumpla la exigencia para que los gobiernos federal, estatal y municipal, solamente se anuncien en medios que dispongan de tiraje o rating certificado. El tiraje y la audiencia se guardan, pese a las exigencias de transparencia, bajo sospechoso celo. El problema es grave, ya que si se obligara a transparentar las ventas, se desnudaría el escaso público de que disponen muchos medios de comunicación en general y quedarían al descubierto el cúmulo de favores y privilegios que alienta buena parte de la relación entre gobierno y empresas periodísticas o de entretenimiento.

Parte de esas prácticas han contribuido a la deformación del periodismo sano. Pese a la voluntad por transparentar el ejercicio periodístico y a las grandes batallas que se han seguido en las redacciones por profesionalizar el oficio, prevalece la costumbre de engañar al público con propagandas que, bajo el nombre de “gacetillas”, se presentan como información. Generalmente esos mensajes corresponden a convenios de intercambio de publicidad por pagos fiscales, sean tributarios o de aportaciones al IMSS. Lo deseable para el público sería exponer, sin matices, que toda información pagada, en donde las gacetillas juegan un papel destacado, se acompañen de la leyenda “inserción pagada”, lo que sería muy revelador de la influencia del medio porque en múltiples ocasiones hasta los titulares de primera plana son vendidos.

Frente a la radio y la televisión sería conveniente instaurar una estrategia similar en beneficio del público. Crear un registro de telecomunicaciones en el que, además de los datos precisos sobre las condiciones de cada concesión, se informe sobre la audiencia real y el carácter de los programas que se difunden. Hay que recordar que en el país es apabullante la influencia de las dos grandes televisoras, mientras que en el ámbito periodístico no más de cinco de los periódicos que circulan en la ciudad de México son rentables, los demás sobreviven artificialmente gracias la incestuosa relación entre los medios y el poder político, vía subsidios o privilegios fiscales.

Romper ese amasiato perverso garantizaría el derecho ciudadano a la información, el uso correcto de los recursos fiscales y daría sentido a las manos limpias con las que el Gobierno federal quiere pasar a la historia.