El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes,recomendó a las procuradurías General de la República y de Justicia Militar,a los gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito federal tomar “las medidas necesarias para impulsar una lucha decidida, frontal y permanente contra la impunidad”, con la finalidad de resolver los homicidios, desapariciones forzadas, atentados y amenazas contra periodistas”.
Pidió que se realice una indagatoria eficaz en cada uno de los casos donde han sido víctimas de agresiones los comunicadores, para resolver y agotar todas las líneas de investigación, “incluyendo las relacionadas con la labor periodística en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, con el fin de erradicar en el futuro la repetición sistemática de las violaciones a los derechos humanos, de prensa y de expresión de los periodistas”.
Asimismo, sugirió que se giren instrucciones para que se lleve a cabo una evaluación técnico-jurídica para corroborar o determinar si la actuación del Ministerio Público, así como de los servidores públicos que intervinieron, fue apegada a los principios y obligaciones que deben atender en su cargo. Lo anterior para establecer si cometieron o no conductas delictivas en el ejercicio de sus funciones.
En conferencia de prensa y en el marco de la recomendación general número 17 de la CNDH sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente, Soberanes Fernández informó que en los últimos nueve años se han iniciado 492 expedientes, lo que equivale a un promedio anual de 54 casos por año.
Precisó que en 2000 se radicaron 13 expedientes, y al mes de julio de 2009 la cifra es de 46.
“La cifra es seguramente mayor, considerando aquellos casos que tienen registrados los organismos públicos estatales de derechos humanos, más los que no se denuncian”, agregó.
El ombudsman resaltó que otro dato que acentúa la gravedad de esta tendencia creciente es que de 2000 a 2009, la CNDH ha tenido conocimiento de los casos relacionados con la muerte de 52 periodistas o trabajadores de los medios de comunicación, asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo; ha documentado también la desaparición de 7 periodistas en ese periodo, así como 6 atentados con explosivos a instalaciones de periódicos.
Destacó que es deber del Estado prevenir e investigar estos hechos y sancionar a sus autores materiales e intelectuales como un principio de justicia, así como para impedir la impunidad y asegurar a las víctimas una reparación adecuada (Foto: Rodolfo Angulo/ Cuartoscuro).
